Instituciones públicas y Derechos Humanos

Existe una interconexión implícita entre las entidades estatales y los Derechos Humanos. En primer lugar, las instituciones públicas se encargan de velar por el bienestar colectivo de los ciudadanos (un concepto del Maquiavelo republicano sobre el cual ahondaremos en otra entrada). La función de estas instituciones recae en el principio integrador del estado democrático constitucional. Las garantías y oportunidades para todos deben ser recibidas de manera equitativa; sin embargo, cuando existen factores externos o, peor aún, internos que impidan el desarrollo y alcance de este objetivo, cabe preguntarnos sobre qué base trabajan estas entidades, ¿cuál es la esencia de ellas? ¿cuál es la verdadera moción para que el gobierno se avoque a que estas instituciones cumplan sus objetivos?

Los ejes sobre los cuales se desarrollan las democracias sus instituciones son los derechos humanos. Considerados como nociones ético políticas que protegen la integridad y dignidad humanas, los derechos humanos son la base sobre la cual desarrollar programas, planes de gobierno, servicios, entre otras maneras de acoger el bienestar del ciudadano. Derechos fundamentales como la salud, alimentación, agua, vivienda, educación, entre muchos otros, son la fuente sobre la que las instituciones públicas, principalmente los ministerios, van a enfocar su gestión. El rol que cumplen los ministerios en el país es crucial, pues son los entes rectores en su materia respectiva a nivel nacional, a partir de ellos se ejecutan los planes y las políticas públicas que se implementarán en los tres niveles de gobierno.

Avocar las funciones de instituciones públicas a satisfacer necesidades básicas como las ya mencionadas, que son incluidas dentro de la categoría de Derechos Humanos es la esencia de la democracia. ¿Cómo puede un Estado garantizar seguridad si no hay un sistema de salud adecuado?¿Cómo podemos hablar de democracia si hay una notable heterogeneidad educacional? Son cuestiones básicas que se han venido trabajando a lo largo de los últimos años y que, de alguna manera, son inherentes a la voz popular. Las personas exigen educación, vivienda, luz o agua, muchas veces, sin saber que son servicios básicos e independientemente del lugar donde se encuentren, ya que merecen atención por parte del aparato estatal.

Pero seamos claros. Una cosa es hablar de relación o vinculación entre las entidades públicas y los DDHH y otra, muy distinta, es hablar de la efectiva relación entre las mismas. Una de las caracterísitcas que debe tener toda institución estatal para el correcto cumplimiento de sus funciones, es la capacidad. Para que una institución tenga capacidad debe ser efectiva y autónoma. No se puede hablar de un organismo autónomo si este no defiende sus intereses institucionales. El gobierno debe tener en cuenta que no solo basta con firmar un documento en el que se acuerda respetar una larga lista de derechos de las personas, sino que es importante identificar las falencias institucionales y nacionales, adaptar las normas y trabajar sobre ello para que sean respetados los Derechos Humanos; y, de esa manra, se acorte la brecha social en la que vivimos. Las políticas públicas se ven y suenan muy bien en papel pero es nuestro deber juzgar si están generando verdadero beneficio en la sociedad.