Por la Ley muere el corrupto

La muerte civil.

Los funcionarios públicos dejan atrás su persona como individuo para ser estar al servicio del ciudadano. Al serlo, anteponen a sus intereses, los intereses de la nación. Buscar el bienestar de la comunidad, en nuestro caso, peruana, es el objetivo del Estado y el deber de cada gobierno de turno, ejecutar todas sus obras y proyectos con esa mira. Esta es, por supuesto, una visión estadista. Los estadistas no deben buscar una ganancia mayor que el beneficio de la población que recibe una obra pública o un servicio social. No creo que haya en sí una crisis de gobierno cuando nos encontramos en uno de los escándalos más bochornosos de corrupción de los últimos años, sino más bien, creo que existe sí una crisis de valores que repercute enormemente en los intereses del estado.

Evidentemente, los valores son “instituciones” socialmente aceptadas. Estos valores cambian de acuerdo a la etapa histórica en la que nos encontremos. Actitudes que anteriormente eran moralmente inaceptables, hoy lo son. La constitución protege a los ciudadanos y vela por sus intereses. Cuando una persona transgrede los intereses del ciudadano, también lo hace contra la nación.

Por otro lado, los Derechos Políticos son reconocidos por la DUDH. Como resultado de numerosas batallas y muertes que pelearon por el reconocimiento y la igualdad de oportunidades y participación política. Es cierto que Perú esta suscrito a esta Convención Internacional; sin embargo, y por encima de ello, cada país, y eso no nos excluye, goza de soberanía para diseñar y decretar sus propias leyes.

La corrupción daña esa soberanía, la democracia en la que vivimos y la protección que el Derecho Constitucional nos brinda. Desde una posición mucho más contractualista, podríamos decir que el fundamento de la constitución de los Estados se basa principalmente en la protección al individuo pero, ¿qué clase de protección nos brinda un Estado que permite que personas que han reincidido en la corrupción sean funcionarios públicos? Personas que en teoría deberían encargarse del orden y el bienestar de la sociedad  pero que a su vez transgreden el derecho de cada uno de nosotros como ciudadanos de vivir en una sociedad con altos estándares democráticos. Desde ahí, nos encontramos en un problema estructural con distintos ejes. Pues, si el objetivo es lograr una sociedad más democrática, debemos encontrar las varias aristas que sostienen una democracia. La corrupción es, ciertamente, una variable indirecta para el buen funcionamiento democrático de nuestra sociedad.

Sin duda, creo que esta nueva Ley marca un precedente en la política del país pero no debe quedarse solo en una publicación en el Diario Oficial de gobierno, sino que debe ir de la mano en un trabajo conjunto e interinstitucional con entidades como el Poder Judicial y diversos órganos a los que hemos confiado el cumplimiento de la justicia en nuestro país.